Es común escuchar desde los sectores más conservadores de la sociedad -que por cierto coinciden con los sectores más acomodados, privilegiados y alejados de la realidad nacional- el argumento de que un proceso constituyente y una nueva constitución no mejorará el bienestar de las
personas y que se trata de un esfuerzo que no sería necesario llevar a cabo pues las problemáticas y prioridades de “la gente” son otras.

Dicho relato, materializado, verbalizado y difundido extensamente por el sector político que mejor representa a este sector que se caracteriza por los privilegios ostentosamente vergonzosos con el que llevan sus vidas cotidianas de generación en generación, vale decir principalmente Chile
Vamos; demuestra dos elementos que no son excluyentes el uno del otro: i) que ni el estallido social que enfrenta el país desde el 18 de octubre del año 2019 les ha permitido acercarse a la realidad nacional y ii) que no están dispuesto a perder dichos privilegios.

Lo anterior se puede ver claramente graficado en el actual debate en torno al agua y la posibilidad de incorporarlo como derecho en nuestra constitución. La pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo pueden llagar a argumentar que una nueva constitución no mejorará las condiciones de bienestar de la sociedad si, por ejemplo, un elemento tan vital como el agua está en juego?. ¿Habrá otro elemento, junto con el aire y el suelo, más vital y fundamental que al agua como determinante ya no de un bienestar social sino de un elemento de sobrevivencia?

Con seguridad, dichos argumentos están basados en el hecho de que son esos mismos sectores los cuales a través de la historia han ido adquiriendo los derechos de agua transformándose en dueños de un bien estratégico y crucial para la mantención de la vida en el planeta; es lógico por tanto que no quieran avanzar en una constitución que los transforme en bienes de uso público.

En este contexto, es de extrema importancia, gravedad, pero a la vez demostrativo de lo expresado en los párrafos anteriores, que el pasado martes 7 de enero de 2020 el Senado de la República haya rechazado consagrar el agua como bien de uso público en la constitución. Por ello,
es clave que en vísperas de un plebiscito constituyente y de próximas elecciones, la ciudadanía pueda conocer con claridad quienes son los defensores de los dueños actuales del agua en el país.

Para visualizar lo anterior, un poco de historia.

El 30 de septiembre del año 2008 se ingresa al Senado un proyecto de Ley que buscaba reformar la constitución de tal manera de consagrar al agua como un bien de uso público 1 . Una vez ingresado a primer trámite constitucional, el día 1 de octubre de 2008 el proyecto es derivado
para su análisis a la Comisión de Obras Públicas.

*Para mayores detalles ver documento: “Proyecto de Reforma Constitucional sobre Dominio Público de
Aguas”

Sin embargo, durante cerca de cuatro años, esto es, entre octubre de 2018 y junio de 2012, no existen registros oficiales de que el Senado haya realizado alguna acción en torno a este proyecto.

Para ser más exactos, si el 1 de octubre de 2008 el proyecto fue pasado a la Comisión de Obras Públicas, no es hasta el 12 de junio de 2012, cuatro años después, donde se vuelve a tratar esta materia en el Senado.

Vergonzosamente, senadores y senadoras, se toman todo este tiempo
simplemente para determinar el 12 de junio de 2012 que el proyecto ahora debería ser visto por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

Pero la historia es para no creerla. Ingresado el proyecto en junio de 2012 para discusión mixta entre las comisiones ya mencionadas, no es hasta el 18 de agosto de 2014, es decir dos años después, donde es posible ver un nuevo movimiento del proyecto en el senado. Sin lugar a dudas
resguardados por la apatía social generalizada respecto a “la política” (apatía graficada en un poema de Pezoa Véliz que luego musicalizó Mauricio Redolés : “ y nadie dijo nada”) el Senado no encontró nada mejor que, a partir de un acuerdo tomado el 17 de junio de 2014, patear el
proyecto esta vez a una Comisión Especial que se encargaría de estudiar las iniciativas relativas a recursos hídricos.

Esta comisión debería estudiar la situación y presentar un informe a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y nadie dijo nada.

Pero como decía un rayado de muro realizado en el marco del estallido social, “su poder es nuestra ignorancia”, sin el más mínimo pudor por los extensos tiempos, entre el 18 de agosto de 2014 y el 16 de marzo de 2016, nuevamente dos años después, el único resultado producido en este transcurso de tiempo fue que la Sala decidiera que el proyecto de ley debía ser refundido con otros 9 proyectos de ley para abordarlos de manera conjunta. Otra vez la pelota al córner; y nadie dijo nada.

Una vez refundidos estos 9 proyectos de ley, el 18 de mayo del año 2016, por acuerdo de Comités, el Senado aprueba que el informe encargado a la C¡omisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía sea presentado por su presidenta para el análisis de los honorables. Es así
como el 3 de agosto de 2016 es presentado a la Sala el informe 2 .
A partir de esta presentación, el día 9 de agosto de 2016, los Comités del Senado acuerdan fijar un plazo de 30 días para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento revise el informe y se pronuncie y evacue un nuevo informe para que finalmente pase a votación en Sala. Sin embargo nada de eso pasó; y nadie dijo nada.

De la revisión de la trazabilidad de este proyecto de ley, no es posible observar los resultados del trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No es sino hasta el 3 de
enero de 2017 donde por acuerdo de los Comités del Senado, finalmente se acuerda retirar; sí, RETIRAR de la tabla la discusión del proyecto de ley sobre aguas; y nadie dijo nada.

*Para mayores detalles ver informe: “Proyecto de Reforma Constitucional, en Primer Trámite, sobre
Dominio y Usos de las Aguas”

Y ahí quedó olvidado el proyecto durmiendo en el Senado. La historia del proyecto de ley muestra que se programó para el día 9 de octubre de 2019 la discusión en general en el Senado sobre el proyecto. Adivinen qué pasó?…… Sí, efectivamente ese día se dio una discusión en el Senado, pero quedó pendiente para el día 5 de noviembre de 2019; y nadie dijo nada.

Adivinen qué pasó el 5 de noviembre?……está usted en lo correcto, nuevamente quedó pendiente la discusión en general, la cual se aplazó para el día 7 de enero de 2020; y nadie dijo nada.

Y así finalmente se llegó a la discusión en Sala este martes 7 de enero de 2020. Como una burla, los honorables decidieron RECHAZAR finalmente el proyecto de Ley, situación que en miras al proceso constituyente es importante analizar en detalle, principalmente pues entró en juego el famoso concepto de los 2/3. Cumpliendo su función de amarra constitucional heredada de la dictadura cívico militar, los 2/3 permitieron nuevamente que una minoría trabara una reforma constitucional fundamental para todos y todas. Así, 24 honorables votaron a favor de aprobar el Proyecto de Ley (se requerían 29), sin embargo, con el voto de sólo 12 senadores se terminó por rechazar.

Quienes son estos 12 honorables, veamos:
 Carmen Gloria Aravena, Región de la Araucanía. Independiente apoyada por Chile Vamos
 Juan Castro, Región de Maule. Renovación Nacional (RN)
 Juan Antonio Coloma, Región del Maule. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 José Miguel Durana, Región Arica y Parinacota. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 Luz Eliana Ebensperger, Región de Tarapacá. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 Alejandro García Huidobro, Región de O´Higgins. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 José García, Región de la Araucanía. Renovación Nacional (RN)
 Iván Moreira, Región de Los Lagos. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 Manuel José Ossandón, Región Metropolitana de Santiago. Renovación Nacional (RN)
 Víctor Pérez, Región del Biobío y Ñuble. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 David Sandoval, Región de Aysén. Unión Demócrata Independiente (UDI)
 Jaqueline Van Rysselberghe, Región Biobío y Ñuble. Unión Demócrata Independiente (UDI)

Esta situación es de suma gravedad. La discusión respecto a un bien tan fundamental como el agua ha sido una burla. Entre su ingreso (2008) y la votación del paso 7 de enero (2020), el proyecto de ley ha estado en el Senado 11 años donde se ha dilatado sin ningún pudor y vergüenza su
discusión. No contentos con ello, al momento de votar, la mañosa traba del 2/3 nuevamente hace que la minoría privilegiada del país siga anteniendo bajo su propiedad algo que nos pertenece a todos y todas.
Sin embargo, que no quede el hecho de que “nadie dijo nada”.

Desde el Espacio Santa Ana no queremos dejar pasar desapercibida esta burla y grave situación. No estamos hablando ya de una discusión en torno a una cuestión de bienestar social menor; estamos frente a una situación de
sobrevivencia. Frente a esto, y como escribió en algún momento Osvaldo Rodríguez Musso, el Gitano, “donde brilló la hogera que quieren apagar, allí siempre habrá alguno de nosotros”.

Espacio Comunitario Santa Ana – Cerro Cordillera Valparaiso – Enero 2020