Pareciera que los primeros escollos o “temores” que existían en torno al debate constitucional que se avecina comienzan paulatinamente a diluirse; aunque no a desaparecer del todo, ni mucho menos.
Para lxs más escepticxs, el proceso constituyente en el cual se sumergirá Chile durante el, o los próximos años, presentaba ciertas condiciones que de alguna manera hacían dudar de la representatividad, operativa interna y resultados de la Convención Constituyente. Lo anterior debido, entre otros elementos, a:
i.- El proceso constituyente es la respuesta que la institucionalidad y el desacreditado sistema político entregó en sacrificio frente a la presión ciudadana ejercida desde lo que se ha venido a denominar “estallido social” de octubre de 2019. Si bien es correcto afirmar que el proceso constituyente puesto en marcha se debe en gran medida a la acción ciudadana, no es menos cierto que al final se materializa y pasa del “deseo de..”, a un acto real, por medio del acuerdo que los partidos políticos sellan el 12 de noviembre 2019. Es decir, el proceso constituyente, querámoslo o no, en cierta medida es la estrategia o forma de encausar el malestar social pero siempre dentro del sistema político oficial. Sistema político por cierto deslegitimado; de ahí las dudas que generaba confiar a las normas de ese mismo sistema político la redacción de la constitución.
ii.- Relacionado con lo anterior, el sistema de votación que define a lxs constituyentes es el mismo sistema que ha definió a lxs representantes del parlamento en su última elección, el no bien ponderado Sistema D’Hont. Por ello, era de esperar que la conformación de la Convención Constituyente respondiera a los mismos intereses y estructuras de poder que actualmente dominan al legislativo y al Estado en general en sus tres poderes. Así, como siempre, se tendría una sobrerrepresentación del mundo conservador de derechas en contraposición a una subrrepresentación de fuerzas políticas independientes fuera de los conglomerados políticos tradicionales.
iii.- Por su fuera poco, el fantasma de los 2/3 de votos necesarios para lograr acuerdos dentro del proceso constituyente, era otro gran escollo que se debería sortear. Además de la sobrerrepresentación del eje conservador/derechas, la fórmula del 2/3 sería siempre el último resquicio a utilizar para detener los intentos de la ciudadanía de influir en el texto constitucional.
Sin embargo, a la luz de los resultados de las elecciones de este último fin de semana todos estos temores poco a poco comienzan mitigarse. La lista única de la derecha conservadora al parecer llegaría a alcanzar sólo 37 escaños. Por su parte, la ex Concertación tiene peores resultados que sus socios de derechas con los que han gobernado los últimos 30 años llegando sólo a lograr 25 escaños. De esta manera, los dos bloques políticos fuertemente cuestionados por la ciudadanía y que han dirigido los destinos del país por más de tres décadas, en conjunto, sólo logran el 40% de representatividad en la Convención Constituyente. Es decir, por primera vez no son mayoría dentro del sistema político institucional.
Lo anterior abre espacios reales para terminar, o mejor dicho, para poner en entredicho el discurso hegemónico que el sistema político ha instaurado en Chile desde 1973 cuando, en contraposición a la idea de la mano visible del Estado, se idealiza a nivel de dogma económico la mano invisible del mercado. Pareciera ser que el paradigma político-económico basado en la dicotomía Estado/Mercado sufre el asalto desde la ciudadanía con el fin de superarlo y transformarlo desde un binomio conceptual rígido, obsoleto y deslegitimado a un trinomio Estado/Mercado/Comunidad (sociedad civil o como se pueda denominar) que requirió de un estallido social para su conformación.
La importancia de lo anterior no se sustenta sólo en el significado de haber podido estructurar una representación como la que se logró en la Convención Constituyente, donde los sectores independientes marcan la tendencia, sino también, y quizás más importante aún, el significado que tiene el asalto de la ciudadanía a espacios de poder que hasta antes del estallido eran inaccesibles. Lo anterior podría permitir, por ejemplo, poner en valor y en escena el extenso trabajo (a través del tiempo y de la geografía del país) que organizaciones sociales, comunitarias y productivas han venido desarrollando en pos de una producción social autogestionaria del hábitat.
El tejido social de Chile, como también de gran parte de América Latina, tiene en su interior experiencias que dan cuenta de una ciudadanía activa que se entiende como sujeto de derecho y no como un mero receptor de subsidios públicos. Ciudadanía que desde hace bastante tiempo viene intentando hacerse cargo desde sus propias capacidades de las problemáticas de salud, vivienda, empleo, cultura y educación dentro de sus territorios. Por ello, sería importante que tal y como lo harán diversos grupos de presión, las organizaciones sociales vinculadas a la producción social autogestionaria del hábitat puedan generar un trabajo político con el fin de colocar en el debate constitucional el derecho de las comunidades organizadas a autogestionar de manera colectiva el territorio que habitan, especialmente a escala barrial.
Si esto fuese posible, el paso para la creación y diseño de marcos normativos y de políticas públicas que fomenten la autogestión de los territorios en torno a problemáticas comunes como salud, vivienda o empleo estaría más cercano. De esta manera, lxs responsables de definir las estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida cotidiana y con ello el control de recursos técnicos, económicos y políticos de los territorios pasarían desde la hegemonía del “trabajadxr público” (Estado) o de las consultoras, constructoras y asesorxs que ejecutan proyectos sociales (mercado), hacia las organizaciones sociales territoriales. Así, se podrían generar estrategias integradas para la generación de empleo, productividad e innovación local como también proyectos de desarrollo acordes y validados por quienes pertenecen a un hábitat determinado y no por terceros desconocedores de la realidad de cada territorio.
Sin ir más lejos, el Espacio Comunitario Santa Ana es, desde su creación, un intento de materializar una experiencia de autogestión desde el cual integrar conocimiento y acciones concretas. Por ejemplo, este año esperamos materializar el Diplomado en Autogestión y Organización Territorial que haremos junto a la Universidad de Valparaíso. En conjunto con la Cooperativa de Trabajo Cordillera levantamos una propuesta de sistema constructivo modular de vivienda social en madera que se encuentra en desarrollo; así mismo, colaboramos en el plan piloto de salud del cerro Las Cañas en pos de la reposición de su Cesfam, lo que va en sintonía con el trabajo articulado entre Santa Ana y el CESFAM de Cordillera, que incluye el aporte de nuestro Espacio de Salud Integral, Ayni. A su vez, participamos en el desarrollo del piloto de vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago junto a la Cooperativa Ñuque Mapu, lo que redunda en el trabajo en las organizaciones a las cuales pertenecemos, en especial: Red Hábitat Popular, Mesa Comunitaria por la Salud Digna y Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular.
Marcelo González
Asesor Espacio Comunitario Santa Ana
